En vivo: Díaz-Canel asiste al segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional › Cuba › Granma

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se dio inicio a las actividades programadas para la Quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX. Partido de legislatura, este domingo continuado.

En la agenda está el análisis de los proyectos de ley del código penal; Enjuiciamiento; y protección de los derechos fundamentales.

La víspera, los parlamentarios cubanos aprobaron tres importantes normas: la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Asimismo, el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ofreció información detallada sobre la marcha de la estrategia socioeconómica del país y su actualización con 158 nuevas medidas.

Como parte de esta estrategia, se implementará de manera escalonada y selectiva un programa de intercambio para la venta de MLC a proveedores gubernamentales y no gubernamentales, pactando con ellos niveles de producción y precios para su comercialización en pesos cubanos.

Gil Fernández aseguró que tal decisión nos permitirá apoyar ciertas importaciones para elaborar productos que luego serán comercializados a la población en pesos cubanos a través de organismos estatales. Además, esto nos lleva a crear las condiciones para un eventual mercado cambiario y pensar en restablecer la venta de divisas a la población, dijo.

Por otro lado, se anunció que el proceso de referéndum del Proyecto Código de Familia, convocado entre febrero y abril de este año, ha culminado con la participación de seis millones de cubanos.

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PRESENTÓ PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO PENAL AL ​​DIPUTADO

Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), presentó a los diputados en la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su IX. Legislativo la Ley del Código Penal con amplias implicaciones para la sociedad.

Este proyecto de norma legal se aprueba en sustitución de la ley actual, que rige desde hace más de 30 años, incluidas las reformas incorporadas posteriormente.

Para ello, agregó, participaron docentes, especialistas de la Fiscalía, el Minjus, el Minint, el Citma, el Mincom, el MES, el MTSS, el agro y el Minsap por el impacto directo en casi todas las formas de la sociedad.

Tras el ejercicio de la iniciativa, se consultó a especialistas, jueces y jueces fiscales que tramitan procesos penales, así como a profesores de derecho de diversas universidades del país.

Como resultado:

– 1 140 criterios recibidos

– 1 114 propuestas

– 706 aceptado

– 408 despedido

El Presidente del TSP señaló que los reglamentos normativos fortalecen las normas y garantías de las personas en diversas normas, y para su construcción se siguieron las recomendaciones de la legislatura anterior de la ANPP.

NUEVOS ASPECTOS

Entre las novedades de este proyecto, Remigio Ferro destacó que su aplicación se extiende a las infracciones y actos ilícitos que afecten el espectro radioeléctrico, el medio ambiente y el patrimonio natural.

Asimismo, se incluyen nuevas sanciones accesorias, agravantes y reglas de ajuste para contrarrestar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar y los actos contra menores o personas con discapacidad.

El presidente del TSP agregó que se incrementará la severidad de las sanciones por actos relacionados con la corrupción económica o administrativa con alcance a los nuevos actores económicos y las infracciones más graves relacionadas con el abuso de los derechos constitucionales, participación en actividades subversivas y ataques a la información. – y tecnologías de la comunicación, entre otros.

Asimismo, se prevén como penas principales para los delitos más graves la cadena perpetua o la pena condicional de hasta 30 años, y se mantiene excepcionalmente la posibilidad de imponer la pena de muerte para 23 delitos especialmente graves y se suprime en cuatro delitos.

Se introducen nuevas sanciones – prosiguió Remigio Ferro – a saber, arresto domiciliario y servicio por el bien de la comunidad.

En cambio, se mantendrá el requisito de responsabilidad penal a partir de los 16 años, con varias disposiciones, con varias disposiciones para diferenciar entre los 16 y los 18 años, afirmó.

Otro cambio es que se suprimirán las medidas de seguridad predelictivas, mientras que se añadirán nuevas fuentes de financiación al Fondo de Compensación para una mayor eficacia y rapidez en la reparación de los daños y la reparación de las víctimas.

En síntesis, el Presidente del TSP resaltó que esta ley refleja el carácter humanista de la revolución y está en consonancia con los instrumentos jurídicos internacionales en materia penal, siempre respetando los derechos humanos.

La norma, a su juicio, tiene una importancia excepcional para la solidez de Cuba como Estado socialista basado en el Estado de derecho, y de adoptarse se puede afirmar que tendríamos un derecho penal moderno, adaptado a nuestro entorno socioeconómico. realidades, actualizando la Constitución y demás legislación.

Teniendo en cuenta la relevancia de su contenido, Remigio Ferro propuso que entre en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial.

Ante varios pedidos del presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, el líder del TSP destacó que “con excepción de la audiencia popular sobre el código de familia, este fue uno de los proyectos de ley más debatidos en el país”, y agregó que los rechazados se centraron en temas que se repitieron y en los estándares internacionales contradichos, que fueron reconciliados individualmente con las personas que los propusieron para conocer su rechazo.

EN CONEXIÓN:
– En su elaboración, las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 2011 y 2017 sobre la necesidad de realizar un estudio integral del sistema de justicia penal del país y promover los proyectos de normas jurídicas pertinentes ante los órganos competentes, que por su exhaustividad, naturaleza y su alcance cubrirían la actualización de las disposiciones procesales y sustantivas del derecho penal.
– La norma legal propuesta se divide en 2 libros, 29 títulos, 138 capítulos, 179 secciones, 434 artículos, 2 disposiciones complementarias, 4 disposiciones especiales, 2 disposiciones finales y un anexo con definiciones de términos y términos utilizados.
– La evolución normativa del marco constitucional vigente y la integración al derecho interno de las disposiciones de 25 tratados internacionales vigentes en el país generan la necesidad de crear 4 nuevas familias tipo relacionadas con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación entorno y orden territorial, humano dignidad y creación intelectual, dando lugar a la introducción de 37 nuevos delitos.
-Se le da un nuevo diseño a la protección penal del orden socioeconómico anclado en la ley en el país
– Se intensificará la lucha contra la corrupción administrativa y económica, de conformidad con lo establecido en los documentos programa de los últimos tres congresos partidarios, la Ley Fundamental y las Convenciones Internacionales contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada Transnacional, que exigen su integración en el derecho interno.
-La violencia de género y familiar y todas las formas de discriminación se tratan en el derecho penal.

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LOGRAR LA MÁXIMA EXPRESIÓN JURÍDICA DEL DERECHO PENAL EN CUBA

Al dar a conocer el Dictamen, José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, indicó que el Código Penal, junto con la Ley No. 143 de Procedimiento Penal, aprobada en la última sesión de octubre de la ANPP, darán cumplimiento a las supremas características normativas del derecho penal en el país.

Cuando mencionamos la obra de justicia social realizada por la revolución, además de la educación, la salud y la seguridad social, inevitablemente debemos mencionar la seguridad y protección que gozan nuestros ciudadanos en un mundo caracterizado en general por sociedades caracterizadas por altos índices de criminalidad, dijo. .

En ese sentido, afirmó, este proyecto, junto con la ley procesal penal vigente, constituye una ley penal que busca la máxima eficacia en la prevención y sanción de los delitos, respetando los derechos y garantías fundamentales de los imputados, especialmente los de carácter material penal. .

En este sentido, nos referimos a los principios de legalidad, mínima injerencia y responsabilidad penal, así como a principios de carácter procesal, tales como B. el derecho a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, explicó.

Según Toledo Santander, en el contenido de la norma surgen importantes aclaraciones, como las relativas a la intervención en el delito, la inclusión de nuevas sanciones principales encaminadas a hacer más restrictiva la privación de libertad y la inclusión de las personas jurídicas como penalmente responsables.

La norma también incluye la determinación de las circunstancias que agravan la pena en el caso de ataques particularmente intensos a los bienes relevantes. Por ejemplo, se trata de la comisión de delitos contra las personas o los bienes relacionados con la seguridad, la defensa, el ciberespacio nacional, las reservas materiales o relacionados con actividades prioritarias para el desarrollo económico y social del país, puntualizó Toledo Santander.

Esto significó que en respuesta a las reiteradas preocupaciones de los diputados en el proceso de discusión de la referida norma, se fijó y amplió su marco penal sobre el delito de especulación y acaparamiento.

Asimismo, se ha establecido la responsabilidad que en este sentido tienen los funcionarios o empleados; y se revisaron y fusionaron en un solo tipo penal las normas relativas a los delitos de usurpación y ocupación y enajenación ilícita de inmuebles y terrenos.

“En cuanto al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor, se ha definido con mayor severidad la sanción para quien cometa este hecho sin ser el legítimo dueño del animal”.

Finalmente, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos recomendó al Parlamento que correspondiera al Consejo de Ministros proponer al Consejo de Estado las cuestiones relativas al funcionamiento del Fondo de Liquidación; que la ley entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial; y encomendar al Tribunal Supremo Popular, a la Fiscalía General y al Ministerio del Interior la realización de los análisis pertinentes con miras a aplicar el principio de retroactividad.

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